Treinta segundos leyendo documentos bastaron para que a Richard se le pusieran los ojos rojos como la sangre.
La llave contenía algo más que acusaciones de irregularidades en la contratación de personal. También incluía la correspondencia detallada de Victoria Lane con un internado cerrado en Europa para niños con problemas de conducta, ubicado en un remoto cantón de Suiza. El contrato abarcaba cinco años y tres plazas, pagado por adelantado, con una cláusula que prohibía explícitamente las visitas de los padres bajo el pretexto de “terapia de adaptación intensiva”. La fecha de entrada en vigor del contrato estaba fijada para dos días después de la boda prevista.
Pero lo peor estaba en otro lugar.
El archivo contenía copias de informes médicos sobre sustancias que inhibían el sistema nervioso, así como intercambios de información con un farmacéutico corrupto. Victoria planeaba administrar sedantes regularmente en el jugo de frutas de los niños para simular un trastorno psiquiátrico progresivo y convencer a Richard de la necesidad de aislar a los menores por su propio bien.
