Y al fondo de la última gaveta metálica, oculta detrás de unos manuales técnicos de bioseguridad obsoletos, hallé una carpeta plástica de color negro con la etiqueta «Proyecto Fénix – Confidencial».
Me senté sobre una caja de madera y abrí la carpeta con devoción forense.
Las primeras páginas eran contratos de fideicomiso irrevocable celebrados en un paraíso fiscal del Caribe.
El beneficiario en caso de fallecimiento o incapacidad de Sebastián no era yo.
Tampoco lo era nuestra fundación benéfica.
El cien por ciento de las acciones preferenciales de Sebastián en Grupo Innova quedaban asignadas a un menor no nacido, representado legalmente por Camila Estrada Montemayor hasta su mayoría de edad.
El aire se me escapó de los pulmones como si me hubieran asestado un puñetazo en el esternón.
Todo estaba meticulosamente orquestado.
Sebastián no solo me estaba engañando en el terreno conyugal; estaba planificando un golpe de estado corporativo para despojarme del control operativo de la compañía.
