Pero era un comienzo.
Esa misma tarde, Ramírez recibió una llamada de un investigador que estaba revisando el expediente.
Habían encontrado una inconsistencia importante.
Una parte de los registros financieros utilizados durante el juicio no coincidía con los archivos conservados por el banco.
Además, varias operaciones atribuidas a mi usuario habían sido autorizadas desde una dirección de red vinculada a las oficinas administrativas.
Eso no demostraba por sí solo quién había cometido el fraude, pero contradecía una parte fundamental de la acusación original.
—Necesitamos conseguir la carpeta roja —dijo mi padre.
—No —respondió Ramírez—. Necesitamos que las autoridades la localicen. No vamos a entrar en la propiedad de nadie ni a recuperar documentos por nuestra cuenta.
Yo sabía que tenía razón.
Había pasado tres años en prisión.
No iba a arriesgar mi libertad otra vez por actuar sin pensar.
