Era una copia de una solicitud de inscripción de defunción presentada por un representante legal de la empresa familiar.
El documento había sido rechazado por falta de información médica verificable.
Sin embargo, varios meses después, la empresa había comenzado a tratar a Arturo como fallecido para efectos internos.
—¿Quién presentó la solicitud? —pregunté.
Ramírez señaló el nombre.
Verónica Mendoza.
Mi madrastra había intentado registrar la muerte de mi padre.
Y lo había hecho sin aportar la documentación necesaria.
—¿Por qué alguien haría eso? —pregunté.
—Existen muchas razones. Una disputa de control empresarial, una sucesión, la intención de disponer de ciertos bienes. No podemos acusarla de un delito solo por este documento.
—Pero le dijo a todo el mundo que estaba muerto.
—Eso sí podemos investigarlo.
El abogado abrió otro archivo.
—Después de tu condena, la empresa cambió su estructura de administración. Mauricio pasó a controlar las operaciones financieras. Verónica obtuvo facultades para gestionar varios activos de la familia.
