Mi abogada se levantó.
—Señoría, solicitamos que se conserven los registros financieros pertinentes y que se requiera la documentación necesaria para aclarar el destino de las aportaciones y el estado de las obligaciones.
El juez tomó nota de la solicitud.
No declaró que Adrián hubiera cometido fraude.
No declaró que yo fuera propietaria de toda la empresa.
Pero sí dejó claro que la historia que él había contado al tribunal no bastaba para resolver el caso.
Y, por primera vez, Adrián comprendió que no podía sustituir los documentos con su reputación.
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Las semanas siguientes fueron difíciles.
Se revisaron contratos, movimientos bancarios, registros de la sociedad y documentos relacionados con las garantías.
Cada vez que aparecía una discrepancia, nuestros abogados pedían que se aclarara con pruebas.
No todo resultó como yo había imaginado.
Algunas aportaciones se habían registrado correctamente. Otras requerían cálculos adicionales. Existían pagos que Adrián afirmaba haber realizado, pero que debían cotejarse con los comprobantes y los términos de los contratos.
