Su denuncia fue remitida a la autoridad competente para determinar si existían responsabilidades administrativas o penales.
Victoria entregó los archivos originales, junto con una cronología de los hechos.
No publicó los nombres de los agentes en internet ni presentó la grabación como prueba de una culpabilidad definitiva. Quería que el procedimiento siguiera su curso y que las pruebas se evaluaran correctamente.
Meses después, recibió la resolución disciplinaria correspondiente. La investigación concluyó que los agentes habían incumplido los protocolos de intervención y que el uso de la fuerza no estaba justificado por las circunstancias documentadas. Se impusieron sanciones conforme al procedimiento aplicable, sin perjuicio de las demás actuaciones que pudieran corresponder.
Victoria guardó la resolución en una carpeta.
No sintió alegría.
Sintió alivio.
Porque lo ocurrido no había sido una simple discusión en la carretera. Había sido una experiencia aterradora que podía haber terminado mucho peor.
