A las 2:27 de la madrugada, mi padre llamó desde la comisaría. «Cariño… ella me golpeó con un bate de béisbol. Ahora le está diciendo a la policía que la ataqué porque padezco una enfermedad mental». Al llegar, encontré a mi cuñada llorando y a mi hermano de pie, en silencio, a su lado. Le mostré al agente mi placa de agente federal y se quedó pálido. Entonces, la manga de la camisa de mi padre se deslizó hacia arriba y, de repente, comprendí que aquello era mucho más que una disputa familiar.

La firma del documento no tenía aquella interrupción.

—¿Quién certificó que estaba en pleno uso de sus facultades cuando firmó? —pregunté.

—Un médico privado.

—¿Nombre?

Álvaro me lo dio.

Lo reconocí inmediatamente.

El doctor había aparecido mencionado en una investigación financiera que había revisado meses atrás. No había pruebas suficientes para imputarle ningún delito en aquel momento, pero varias transferencias sospechosas vinculaban su clínica con empresas investigadas por fraude.

No era una prueba de culpabilidad.

Era una pista.

Y una pista exigía comprobaciones.

—¿Sabía usted que su cliente había solicitado el control de las cuentas bancarias de mi padre antes de presentar esta declaración médica?

—Yo solo represento sus intereses legales.

—Entonces le recomiendo que conserve todos los mensajes, correos y documentos relacionados con este asunto. Las autoridades determinarán qué resulta relevante.

Álvaro se levantó.