Sin embargo, los documentos que supuestamente autorizaban una transferencia a mi nombre contenían irregularidades.
No podíamos asumir que la casa me pertenecía únicamente porque Mauricio lo hubiera dicho.
Tampoco podíamos concluir que alguien hubiera cometido un delito sin demostrarlo.
Solicitamos una revisión formal de los registros y negociamos una solución que protegiera a Emiliano.
Finalmente, llegamos a un acuerdo legal.
La propiedad quedó a nombre de una sociedad familiar independiente, con garantías contractuales para que Emiliano y yo pudiéramos seguir viviendo allí durante el periodo acordado, sin que la casa pudiera utilizarse como instrumento de presión en una disputa entre Mauricio y su familia.
También establecimos por escrito cómo se cubrirían los gastos y qué ocurriría si nuestro matrimonio terminaba.
No era el final romántico que habría imaginado antes de conocer la verdad.
Pero era un acuerdo claro.
