Aquella noche presenté una denuncia por la agresión y entregué la información financiera para su investigación.
Javier intentó llamarme veintisiete veces.
No contesté.
A la mañana siguiente, mi abogado, Andrés Salazar, me recibió con una expresión preocupada.
—Clara, hay algo más.
Colocó una carpeta frente a mí.
Dentro había documentos que nunca había visto.
Una solicitud de préstamo.
Una autorización bancaria.
Y una supuesta declaración firmada por mí.
—Estas firmas parecen imitaciones —explicó Andrés—. Necesitaremos comprobar su autenticidad.
Leí la última página.
Sentí que la sangre se me congelaba.
Era una solicitud para iniciar un procedimiento judicial destinado a limitar mi capacidad de administrar mis propios bienes.
El documento afirmaba que yo sufría episodios de confusión, comportamiento agresivo e incapacidad para tomar decisiones económicas.
Y aparecía firmado por Javier como solicitante.
—Querían quitarme el control de mi empresa —susurré.
