La investigación interna comenzó ese mismo día.
Durante las siguientes semanas, Ximena se convirtió en mi familia elegida. Me llevó a su departamento en la colonia Americana, acomodó un colchón en su estudio y puso una campanita junto a mi cama para que pudiera llamarla si me mareaba. Nunca me hizo sentir una carga. Preparaba caldo de pollo, anotaba mis medicamentos y me acompañaba a caminar lentamente por el pasillo.
Mientras mi cuerpo intentaba recuperarse, mi vida seguía desmoronándose en papeles.
Mi empresa confirmó que la renuncia había llegado desde mi correo, acompañada por una incapacidad falsa. El banco rastreó la transferencia hasta una cuenta de Rodrigo y después a la constructora de mi padre, que tenía deudas fiscales. Mi casero confesó que Ernesto le había pagado para rescindir el contrato y retirar mis pertenencias. Varias habían sido vendidas por internet.
También descubrimos que mi seguro no fue cancelado por error. Mi padre había presentado un formato en el que yo supuestamente aceptaba asumir todos los gastos posteriores, con el objetivo de evitar que la aseguradora revisara a fondo el trasplante.
Cada hallazgo era una nueva herida.
Aun así, no llamé a mis padres.
Ellos sí me llamaron.
Mi madre dejó mensajes diciendo que estaba “destruyendo a Rodrigo por egoísmo”. Mi padre exigía que retirara la denuncia. Rodrigo alternaba entre amenazas y súplicas.
—Mariana podría perder el riñón si esto se vuelve un escándalo —dijo en un mensaje de voz.
Adrián me explicó que era mentira. El órgano ya trasplantado no sería retirado como castigo. Rodrigo solo intentaba usar mi culpa, igual que toda la vida.
Ximena me preguntó por qué guardaba cada mensaje sin responder.
—Porque creen que sigo asustada —contesté—. Y cuando la gente se siente impune, habla demasiado.
Tenía razón.
En una llamada, mi madre mencionó que Paula “había prometido arreglar los papeles”. En otra, mi padre dijo que el choque había sido “la oportunidad perfecta”. Rodrigo escribió que yo debía agradecer que al menos la cirugía de emergencia me había salvado la vida. Cada frase terminó incorporada al expediente.
Tres meses después, el hospital me citó en una sala de juntas. Había directivos, abogados externos, personal de cumplimiento y representantes de la Fiscalía del Estado de Jalisco.
El informe era de casi cuatrocientas páginas.
La doctora Cárdenas había alterado mi evaluación médica para hacer parecer que yo era una donadora previamente registrada. Había adjuntado análisis de compatibilidad realizados meses antes, cuando mi madre me convenció de hacerme “un chequeo familiar” porque supuestamente existían antecedentes de diabetes. En realidad, aquellas muestras se usaron para confirmar que yo era compatible con Mariana.
El plan no nació la noche del accidente.
Llevaban casi ocho meses preparándolo.
Mi padre sabía que yo me negaría. Años atrás, cuando Rodrigo tuvo una enfermedad renal temporal, yo había dicho claramente que nadie debía decidir sobre el cuerpo de otro. Desde entonces, mis padres comenzaron a recopilar documentos, contraseñas y firmas.
La noche del choque, mi automóvil derrapó por una avenida inundada y golpeó un muro. Necesitaba una operación para detener una hemorragia del bazo, pero la extracción del riñón no era necesaria para salvarme. Paula aprovechó la emergencia, ocultó mi objeción y presentó autorizaciones falsas.
