Un día después de mi cesárea, mis propios padres me echaron de casa para darle mi habitación a mi hermana y a su recién nacido. Apenas podía mantenerme en pie, le rogué a mi madre que me dejara descansar.
Cuando los agentes preguntaron por qué yo estaba recuperándome en casa de mis padres y no en la mía, Mateo respondió por mí.
Nuestro departamento seguía en reparaciones.
Y, como creí que con mis padres estaría acompañada, acepté ir unos días allí.
Lo que los agentes no sabían, y mi familia llevaba años fingiendo olvidar, era que ese departamento en Ecatepec tampoco era realmente de mis padres.
Siete años antes, el negocio de mi padre había quebrado.
El banco estaba a punto de ejecutar la hipoteca y ellos habrían perdido la vivienda.
Mateo y yo, recién casados, pedimos un préstamo, asumimos la deuda y compramos el departamento para evitar el embargo.
La escritura quedó a nombre de los dos.
Mis padres siguieron viviendo allí por tolerancia nuestra.
Sin pagar renta, con la condición de cubrir servicios y mantener una convivencia mínima.
Nunca lo contaron fuera.
A Daniela le dejaron creer que seguía siendo “la casa de papá y mamá”.
Y a mí me hicieron cargar con la culpa cada vez que insinuaba poner límites.
